El ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, confirmó que el 30 de junio se reanudará la mesa de negociación salarial con los gremios docentes para delinear el segundo semestre de 2026. Además, anticipó los ejes de un proyecto global de reforma del Estado que incluye incentivos de desvinculación optativa para empleados públicos con miras a dinamizar la actividad privada.

El Gobierno de San Juan se apresta a iniciar una etapa de definiciones estructurales y salariales de alto impacto para la administración pública provincial. El ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, adelantó las metas fiscales inmediatas del Poder Ejecutivo, centradas en la reapertura formal de las discusiones paritarias y en la inminente presentación ante la Cámara de Diputados de un ambicioso marco normativo orientado a la modernización integral de los estamentos del Estado.

En lo que respecta a la pauta de haberes, la fecha límite ya está fijada en el calendario institucional. El próximo lunes 30 de junio, los representantes de los ministerios de Hacienda y de Educación volverán a sentarse con los secretarios generales de los gremios docentes para dar apertura a la paritaria sectorial.

«El 30 de junio está establecida la nueva reunión de paritaria para tratar cuál va a ser la política salarial del sector de cara a este segundo semestre del año 2026», ratificó el jefe de la cartera económica en contacto con la prensa local.

Una reforma global para abrir paso a la actividad privada

Más allá de la coyuntura del salario, el ministro Gutiérrez brindó precisiones sobre el proyecto de ley que el Ejecutivo provincial confecciona de manera conjunta con el vicegobernador y presidente de la Legislatura. Si bien las primeras versiones parlamentarias hablaban estrictamente de una ley de retiro voluntario para agentes estatales, el funcionario aclaró que la propuesta legislativa ostenta un carácter sustancialmente más abarcativo.

El titular de Hacienda prefirió definir el paquete de medidas bajo el concepto de una «modernización del Estado», un andamiaje legal más global que contempla al retiro voluntario simplemente como una de sus herramientas disponibles dentro de una serie de parámetros técnicos de optimización de recursos.

Al ser consultado sobre el nivel de consulta previa con las representaciones gremiales de los sectores públicos o el humor de los trabajadores frente a esta alternativa, Gutiérrez desestimó la necesidad de consensos rígidos previos debido a la naturaleza intrínseca del beneficio. «Es un retiro que es exactamente voluntario, no reviste ninguna obligatoriedad. Se trata de una herramienta de libre elección que van a tener a disposición los empleados para poder migrar hacia el sector privado, un ámbito que se viene con muchas y muy buenas oportunidades de desarrollo en la provincia», concluyó el ministro, anticipando que los detalles finales del plan serán anunciados formalmente dentro de los próximos días.