4 legisladores presentes votaron en bloque para rechazar la ley riojana que pretende anular los límites de 1968. La vecina provincia creó una comisión y ordenó a su Fiscalía de Estado litigar ante la Corte Suprema por territorio sanjuanino.

La Cámara de Diputados de San Juan se convirtió este jueves en el escenario de una contundente e histórica demostración de unidad política en defensa del territorio provincial. En una sesión de alta carga institucional, el cuerpo legislativo aprobó por unanimidad una declaración de enérgico repudio contra la avanzada del gobierno riojano de Ricardo Quintela, que busca poner en discusión las fronteras interprovinciales vigentes desde hace casi seis décadas.

La reacción sanjuanina se activó de forma urgente tras la presentación de un proyecto sobre tablas impulsado por el legislador oficialista Juan Cruz Córdoba. Tras un intenso debate donde representantes de todas las bancadas expusieron sus posturas alineadas en una misma causa, la votación cerró con un rotundo 34 a 0: no se registraron abstenciones ni votos en negativo, reflejando que la soberanía territorial no entiende de grietas partidarias.

La Rioja pateó el tablero y busca anular una ley de 1968

El conflicto institucional escaló a niveles críticos luego de que la Cámara de Diputados de La Rioja diera luz verde a un proyecto de ley que declara la nulidad absoluta de la Ley Nacional Nº 18.004, sancionada en 1968 durante la gestión presidencial de facto de Juan Carlos Onganía. Aquella norma de fines de los sesenta fijó la delimitación geográfica que rige formalmente hasta la actualidad entre ambas jurisdicciones.

Desde el oficialismo comandado por Quintela sostienen que ese trazado se estableció de manera unilateral, sin la debida intervención del Congreso de la Nación y provocando un grave «perjuicio histórico» sobre el mapa riojano. Lejos de quedarse en una mera declaración retórica, la nueva legislación riojana dispone la creación inmediata de la Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial para revisar todos los antecedentes de la controversia.

Camino a la Corte Suprema

El punto que encendió las alarmas rojas en el Centro Cívico sanjuanino es el mandato explícito que la norma de la vecina provincia le otorga a su Fiscalía de Estado. La ley instruye de forma directa al cuerpo de abogados riojanos a iniciar acciones legales contra San Juan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, buscando que el máximo tribunal del país redibuje las fronteras.

Ante este panorama, el arco político de San Juan coincidió en que la vigencia de los límites es inalterable y que los derechos adquiridos no pueden ser sometidos a revisiones oportunistas. Con el aval unánime de los 34 diputados locales, la provincia se planta jurídica y políticamente, dejando en claro que defenderá cada centímetro de su suelo en los estrados judiciales que correspondan.