Con la premisa de avanzar en la simplificación administrativa y dinamizar la llegada de capitales privados, la intedenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, junto a la secretaria de Economía y Hacienda, Érica Díaz Fior, participaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la presentación del estudio «Eficiencia regulatoria en ciudades y su impacto en la atracción de inversiones», elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

El encuentro reunió a intendentes y equipos técnicos de diversos puntos de la Argentina para evaluar cómo la acumulación normativa, tributaria y procedimental de las comunas afecta de manera directa la toma de decisiones del sector empresarial. De acuerdo con el diagnóstico de CIPPEC —que relevó datos de ciudades como Córdoba, Rosario, Salta y Tandil—, poner en marcha un emprendimiento y operar formalmente en el país demanda un promedio de 4.496 horas. Esta cifra duplica la media registrada en Latinoamérica y ubica a la Argentina en el puesto 126 entre 190 economías según los indicadores de facilidad para hacer negocios.

Durante las exposiciones, los analistas de CIPPEC advirtieron que los principales obstáculos radican en la falta de claridad regulatoria, la superposición de normativas sin derogación expresa, el cobro de tasas sin contraprestación directa identificable y la informatización de procedimientos sin una revisión previa de simplificación.

Al respecto, la intedenta Susana Laciar destacó que la Capital sanjuanina viene ejecutando medidas que coinciden con las recomendaciones del organismo: «Estamos convencidos de que simplificarle la vida a quien quiere invertir, producir y generar empleo es una obligación del Estado municipal. Por eso avanzamos en la modernización, la ventanilla única y la transparencia de cada trámite».

El informe propone una hoja de ruta dividida en tres fases estratégicas: en el corto plazo, confeccionar un catálogo único de trámites y dar publicidad a las contraprestaciones de cada tasa; en el mediano plazo, categorizar habilitaciones según el nivel de riesgo, instaurar declaraciones juradas con control posterior e integrar los sistemas informáticos entre dependencias; y en el largo plazo, llevar adelante una reforma profunda del código de uso de suelo acompañada por la consolidación de un digesto normativo.

El panel contó además con las intervenciones de los intendentes Emiliano Durand (Salta) y Rodrigo Aybar (Tres de Febrero), la presidenta de Córdoba Acelera, Mariela Bercovich, y representantes técnicos de municipios como San Isidro, Vicente López, Concordia, Lomas de Zamora y Tandil.