Un hecho de fuerte repercusión institucional involucra a un efectivo de la Fuerza de Operaciones Especiales de la Policía de San Juan. Se trata del oficial inspector Matías Carrizo, reconocido por desempeñarse como instructor especializado en el uso de pistolas Taser y encargado de dictar los talleres de capacitación organizados por la Secretaría de Seguridad provincial.

El episodio se registró el viernes pasadas las 20:30 en la sucursal del hipermercado Chango Más ubicado sobre avenida Benavídez, cerca de calle Maradona, en el departamento Capital. Según constataron las cámaras de videovigilancia del establecimiento, el uniformado —quien se encontraba de civil y acompañado por otra persona— pasó por la línea de cajas y abonó una parte de los artículos que llevaba, pero omitió exhibir otros productos que trasladaba de manera oculta.

Al cruzar la puerta de salida, el personal de seguridad privada del predio lo interceptó tras advertir la maniobra en los monitores. Tras ser retenido, el oficial admitió la irregularidad, solicitó que no se radicara la denuncia correspondiente y ofreció cancelar el total de lo adeudado. En simultáneo, los guardias alertaron al 911, lo que motivó la presencia de efectivos del Comando Radioeléctrico, personal de la Comisaría 26ª y del fiscal de turno del Sistema Especial de Flagrancia.

Finalmente, las autoridades del comercio accedieron a que el efectivo regularizara la situación en el lugar, abonando un monto total de 76.000 pesos por la totalidad de los elementos que intentaba sustraer.

En el plano judicial, el fiscal de Flagrancia interviniente resolvió no iniciar una causa penal contra el oficial al encuadrar el caso en el inciso 1 del artículo 25 del Código Procesal Penal de San Juan. Esta normativa faculta a la representación fiscal a prescindir de la acción penal mediante la aplicación del «Criterio de Oportunidad» en hechos que no afecten significativamente el interés público y donde se haya restaurado el daño económico.

Pese a haber sorteado el proceso en el fuero penal, la situación del oficial inspector no está resuelta en el ámbito institucional. En las próximas horas, la Subsecretaría de Control de Gestión De la Seguridad Pública evaluará las actuaciones para determinar si corresponde el inicio de un sumario administrativo y la imposición de sanciones disciplinarias.