La demandada se retiró del Ministerio de Salud en 2013, pero la administración pública le siguió depositando el sueldo de forma ininterrumpida hasta 2022. En su defensa, la mujer alegó que creyó que eran «reparaciones históricas» o retroactivos. La Sala I de la Cámara Civil confirmó el fallo por enriquecimiento sin causa.

Una jubilada sanjuanina fue condenada de forma definitiva a devolver una millonaria suma de dinero a las arcas del Estado provincial, tras confirmarse que percibió de manera indebida haberes correspondientes a su antiguo puesto laboral durante casi una década. El fallo, emitido por la Sala I de la Cámara Civil, ratificó que un error de la administración pública no genera derechos de propiedad para el ciudadano que recibe fondos sin sustento legal, obligando a la mujer a restituir el capital acumulado más los intereses correspondientes.

La trama judicial e institucional involucra a Esmeralda Victoria, una exagente que prestó servicios en el Ministerio de Salud Pública de San Juan hasta noviembre de 2013, fecha en la que cesó formalmente en sus funciones operativas para acogerse al beneficio de la jubilación. Sin embargo, debido a una severa falla de control en los sistemas informáticos y administrativos de liquidación de sueldos del Estado, los depósitos mensuales en concepto de haberes en actividad se mantuvieron vigentes de forma automática en su cuenta bancaria habitual.

La anomalía se prolongó en el tiempo de manera insólita hasta diciembre de 2022, momento en el que las auditorías estatales detectaron el desfasaje financiero y bloquearon los giros. Ante el fracaso rotundo de las negociaciones extrajudiciales para lograr un plan de pago voluntario, la Fiscalía de Estado tomó cartas en el asunto e interpuso una demanda civil por cobro indebido.

«El error material de la administración pública no purga ni elimina la obligación jurídica de devolver sumas de dinero que fueron percibidas sin causa ni respaldo legal legítimo», argumentaron los camaristas en los fundamentos del veredicto definitivo.

Argumentos de defensa y el fallo de Cámara

Al momento de defenderse en los estrados, la jubilada esgrimió que en ningún momento interpretó que esos fondos mensuales recurrentes fueran giros equivocados o una anomalía burocrática. Según su testimonio, supuso que los montos se correspondían con un viejo reclamo de recategorización salarial que había iniciado antes de su retiro, o bien con beneficios complementarios enmarcados en los programas nacionales de reparación histórica para la clase pasiva. Asimismo, alegó que el Estado era el único responsable del hecho por mantener la negligencia durante 108 meses consecutivos.

El expediente fue analizado en primera instancia por el juez Walter Otiñano, quien encuadró la conducta bajo la figura jurídica de «enriquecimiento sin causa» y dio luz verde al reclamo fiscal. Pese a que la defensa apeló denunciando supuestas violaciones al derecho de defensa, la Cámara de Apelaciones desestimó los agravios al comprobar que la mujer tuvo múltiples oportunidades de efectuar descargos tanto en la vía administrativa como en las audiencias judiciales.

De esta manera, la sentencia quedó firme y determinó que Esmeralda Victoria deberá reintegrar la suma exacta de $4.209.270 al Estado provincial. El monto final, sin embargo, será sustancialmente mayor, ya que los peritos contables de los tribunales locales deberán calcular y anexar las tasas de interés acumuladas desde el momento de la notificación de la demanda hasta el día de la efectiva cancelación del saldo.