La causa por la megaestafa de Branka Motors volvió este miércoles a los tribunales de San Juan con una audiencia clave. La Justicia analiza un acuerdo de juicio abreviado que contempla cinco años de prisión efectiva para Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega.
La propuesta fue acordada entre la defensa, encabezada por el abogado José Tejada, y el Ministerio Público Fiscal, representado en este caso por el fiscal Guillermo Heredia. Ahora, la jueza de Garantías Ana Carolina Parra deberá decidir si corresponde homologar el acuerdo.
Pero detrás de la posible condena aparece otro dato que genera preocupación entre los damnificados: el acuerdo no contempla una devolución del dinero perdido.
La causa involucra a cientos de personas que entregaron dinero para adquirir motocicletas y vehículos que nunca recibieron. El perjuicio económico fue estimado en alrededor de $524 millones, aunque la cantidad de damnificados fue creciendo durante la investigación. Fuentes periodísticas locales sitúan actualmente el expediente por encima de los 350 damnificados formalizados.
Meses atrás se había intentado una salida diferente. Los acusados habían acordado un esquema de reparación económica en cuotas, cuyo primer desembolso estaba previsto por $524 millones.
Sin embargo, ese compromiso no se concretó. Los imputados no pudieron acreditar el pago y finalmente reconocieron que no habían conseguido reunir los fondos. El acuerdo terminó cayéndose y volvieron a quedar detenidos con prisión preventiva.
Si la jueza Parra aprueba el juicio abreviado, los tres acusados recibirían cinco años de prisión efectiva, evitando así la realización de un juicio oral y público.
Para las víctimas, sin embargo, quedaría abierta otra batalla: intentar recuperar el dinero por la vía civil.
Ese es uno de los puntos que concentra mayor atención en la audiencia. La posible condena penal no significa, por sí misma, que los damnificados reciban el dinero que reclaman.
La decisión final estará en manos de la jueza Ana Carolina Parra, mientras las víctimas siguen esperando respuestas sobre uno de los interrogantes centrales del expediente: qué posibilidades tendrán de recuperar los millones que aseguran haber perdido.
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