La Secretaría de Seguridad de San Juan resolvió apartar de forma preventiva por al menos 30 días, y sin goce de haberes, al oficial inspector Matías Carrizo. La medida administrativa se mantendrá vigente mientras la Inspección de Control de Gestión avanza con las actuaciones sumarias para determinar las responsabilidades e impartir las sanciones finales.

El episodio se registró el viernes pasado por la noche en el supermercado Chango Más, ubicado sobre avenida Benavídez, en las inmediaciones de calle Maradona, departamento Capital. Carrizo, vestido de civil y en compañía de otra persona, ingresó al establecimiento pasadas las 20:30 horas e inició un recorrido por las góndolas cargando diversos artículos en un carro de compras.

Fuentes ligadas a la investigación detallaron que el personal a cargo del monitoreo del circuito cerrado de televisión advirtió maniobras anómalas con los productos. A través de las pantallas, los guardias observaron cómo el efectivo llegó a la zona de cajas y abonó únicamente una parte de los elementos, dejando dentro del carro otra serie de mercaderías que no fueron presentadas ante la cajera para su facturación.

Procedimiento policial y decisión comercial

Al intentar cruzar la puerta de salida, el personal de seguridad privada del local le frenó el paso. En ese instante se generó una situación de tensión en la que, al constatar la documentación del cliente, se confirmó que pertenecía a la Policía de San Juan y que se desempeñaba como instructor en el uso de pistolas Taser e integrante de las Fuerzas de Operaciones Especiales (GERAS).

Carrizo admitió la presencia de los artículos no facturados y solicitó que la situación no derivara en una presentación judicial. Sin embargo, los encargados del salón dieron aviso al 911, lo que motivó el arribo inmediato de personal del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 26ª, además de la notificación a la Unidad Fiscal de Flagrancia de turno.

Durante el procedimiento, el oficial ofreció cancelar la totalidad de lo que pretendía retirar. Ante esta propuesta, la gerencia local entabló contacto con el gerente zonal de la cadena, Héctor Varela, en la provincia de Mendoza. La respuesta institucional fue que la firma desistiría de formalizar la denuncia penal si el importe adeudado era cancelado en el acto.

El monto total de los artículos no pagados ascendió a $76.000. Carrizo efectivizó el pago en efectivo/débito en la misma línea de cajas, quedando adjuntado el comprobante fiscal al acta de procedimiento labrada por las autoridades policiales.

Salida judicial y sanción administrativa

Con la cuenta saldada y sin el impulso del damnificado comercial, el fiscal de Flagrancia resolvió prescindir de la acción penal. Para resolver el cierre de la actuación se aplicó el denominado «Criterio de Oportunidad», mecanismo tipificado en el artículo 25 del Código Procesal Penal de San Juan para hechos donde no existe una aflicción grave al interés público y la víctima resulta resarcida en el lugar.

Pese a que el entendimiento económico le evitó enfrentar un proceso penal ante los tribunales, la derivación disciplinaria dentro del ámbito de la Seguridad continuó su curso. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad notificaron la suspensión preventiva por un mes sin percepción de haberes, al tiempo que evaluarán la continuidad o exoneración del efectivo una vez concluido el expediente sumarial.

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